La reforma del 94, como punto de partida al proceso de transformación para la persecución penal ha dado inicio a un nuevo paradigma, donde el respeto y la tolerancia a las garantías constitucionales se volvieron una condición indisoluble para la vigencia del estado de derecho. Bajo esta mirada, el análisis del requerimiento de instrucción como acto de inicio para la validez de la acción en el ámbito de la justicia federal penal, mantiene una inusitada vigencia en el cambio de paradigma de un modelo mixto a uno netamente acusatorio. Sobre todo cuando en el camino se debate la imparcialidad en la función judicial.